Hace un par de semanas, el gobierno presentaba varias medidas
para incentivar el empleo joven. Son 100 medidas para el apoyo a la creación de
empleo juvenil y el autoempleo, la llamada estrategia
de Emprendimiento y Empleo Joven.
El
plan se centra sobre todo en ofrecer beneficios fiscales para el
establecimiento de nuevos negocios y para la contratación de jóvenes. Incentivar
los contratos de prácticas, de vinculación formativa, bonificaciones para
empresas que contraten a jóvenes que sea su primer trabajo, o contratos para jóvenes de riesgo de
exclusión. El plan también fomenta ayudas para la financiación de nuevas
empresas, como la posibilidad de que los menores de 30 años puedan
compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por
cuenta propia durante un máximo de nueve meses, que los jóvenes menores de 30
años podrán capitalizar hasta el 100% de su prestación por desempleo en un
único pago para emprender un negocio, o establecer una cuota mínima de 50 euros
durante seis meses para las nuevas altas de jóvenes autónomos a la Seguridad Social.
Los emprendedores de hasta 30 años beneficiarios de una prestación por
desempleo que se den de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos
podrán continuar percibiendo su prestación durante un máximo de nueve meses.
Estas medidas deberían ser bienvenidas, dado que son las
primeras medidas que adopta el gobierno, con una cuantía significativa para
incentivar el empleo joven. Sin embargo, no son suficientes para enfrentar un
problema tan grave como el del desempleo y en este caso el juvenil. Supone
poner una tirita a un enfermo que se desangra.
La EPA publicada en enero confirma un 55% de paro juvenil,
y en el otro lado de la balanza, un 45% de jóvenes que acumulan contratos
basura, en un mercado laboral cada día más cerrado y con una legislación
que favorece la temporalidad y el despido libre, y donde estas ”medidas
estrella” no resuelven el problema. Al tiempo, los jóvenes asistimos a la completa desmantelación de los
servicios públicos. Mientras se habla de fomentar la formación y la
capacitación de los jóvenes, se aprueban leyes como la LOMCE, se establece el llamado “tasazo” en las matrículas universitarias y se
suprimen becas y ayudas. La formación profesional sigue teniendo una oferta muy
rígida e insuficiente, deja a muchos
jóvenes fuera de la posibilidad de obtener la formación necesaria. Las condiciones , no sólo
laborales, de los jóvenes son cada
día más precarias y la única salida para muchas está en hacer las maletas y
salir del país.
Estas medidas, no hacen más que insistir en un modelo de
adelgazamiento del estado, donde se promueve la iniciativa privada y el autoempleo frente a un sistema que garantice los servicios públicos de calidad. Apostando todo
a la iniciativa emprendedora que no es la fuente de generación de empleo más
importante. Renunciar a que la creación de empleo sea un asunto público.
Por otro lado, estas medias que se proponen desde el
gobierno, y que tratan de fomentar el autoempleo, si no tienen una mayor duración, no son muy
útiles. Poner en marcha un negocio no son los 6 primeros meses, son unos
primeros años de esfuerzo y duro trabajo. Que, por otro lado, en épocas de
crisis o se acierta muy bien en un nicho del mercado donde aún haya
posibilidades de compradores y de innovar, o la situación se puede complicar
mucho más. Dada la caída de ingresos, la capacidad adquisitiva y de compra es
difícil lograr que un negocio funcione. Se necesitan por tanto medidas mucho
más profundas que gozar unos meses de ciertas bonificaciones.
En Castilla y León, donde resido, diversos colectivos juveniles pusimos
en marcha hace unos años una iniciativa que se llamaba “Queremos poder quedarnos” hacía hincapié en el éxodo
que están haciendo los jóvenes de esta comunidad hacia las grandes ciudades, y
ahora hacia el extranjero. Esta situación responde a una política económica
centrada prioritariamente en el sector del turismo olvidando otros sectores productores
ligado a la industria agropecuaria, a la investigación y desarrollo o a la atención
socio-sanitaria.
En la misma línea que la que ahora se promueve desde Juventud sin fututo,
“No nos vamos, nos echan”. Tratan de hacer hincapié
en que no puede ser motivo de orgullo para un Estado que se exporte jóvenes
bien formados y preparados. Los jóvenes queremos contribuir no solo al
mantenimiento sino a la construcción de una sociedad y a un tejido productivo,
acordes a la formación que hemos recibido desde una educación pública. Una
educación pública que apuesta por la inclusión social, como garantía de
cohesión social, además de por la excelencia. Ningún estado puede permitirse
que las generaciones mejor preparadas sean una generación perdida.
Tenemos las herramientas para poder luchar contra esta situación donde se
nos obliga a elegir entre paro, precariedad o exilio. Podemos cambiar este mercado
de trabajo en apariencia saturado y sin capacidad de maniobra. Debemos cambiar
las prioridades económicas frente a la falsa disyuntiva de reducción del déficit o
de incentivar la economía, para colocarnos
en la situación política de elegir entre satisfacer las exigencias de los
mercados o atender las necesidades de los ciudadanos. A medida que siga avanzado estas políticas
dictadas desde Bruselas, meros parches para no ahondar en el problema de fondo
que es la contracción total del gasto público, la creación de empleo será
residual. El estado debe utilizar su herramienta más ponente que son los
presupuestos generales para poner en marcha medidas en pro de los ciudadanos y
no de los mercados.
